Desde el 21 de febrero de 2022, cuando la Corte Constitucional expidió la sentencia C-055-22 que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, este procedimiento volvió a estar en el foco de la opinión pública, con posiciones tanto a favor como en contra. Pero, más allá de estas posturas, es un hecho que las mujeres recibieron un respaldo legal para ejercer autonomía sobre sus cuerpos y, siendo este un tema médico, el sistema de salud es el principal garante del acceso al procedimiento de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

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Es por ello que, en esta investigación periodística, pretendemos develar si estos actores sociales han respetado el derecho que tienen las personas gestantes de Bogotá a recibir de manera adecuada y humanizada los servicios de salud en torno al aborto o, si por el contrario, han sido víctimas de una Negligencia Silenciosa.